faisel iglesias: ¿POR QUÉ LOS CUBANOS TIENEN CONFLICTOS EN CUANTO A LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y EL DERECHO?

La crisis política cubana no puede explicarse únicamente desde la economía, la ideología o las circunstancias históricas del siglo XX. Su raíz se encuentra en un problema mucho más profundo: un conflicto civilizatorio, antropológico, cultural e histórico que ha acompañado a la nación desde su formación y que aún hoy condiciona la manera en que los cubanos conciben el poder, el Estado, el derecho y la libertad. Desde esta perspectiva, Cuba ha vivido durante más de dos siglos bajo la influencia simultánea y contradictoria de tres grandes tradiciones políticas que responden a concepciones distintas de la naturaleza humana y de la organización de la sociedad. 

La primera es la tradición del pacto social, cuyos antecedentes pueden encontrarse en determinados elementos de la cristiandad occidental, en la evolución del Common Law inglés, en la Revolución Norteamericana y, dentro de la historia cubana, en el pensamiento de Félix Varela, Ignacio Agramonte y José Martí. En esta tradición, el sujeto político fundamental no es una abstracción colectiva, sino la persona concreta. La soberanía nace en el individuo; el poder es una delegación limitada; el Estado constituye un instrumento al servicio de la sociedad; y la legitimidad política descansa en la protección de la libertad, la dignidad y los derechos inherentes a cada ser humano. 

La segunda es la tradición del contrato social europeo continental, heredera de las monarquías absolutas, de la centralización administrativa francesa y de las grandes construcciones ideológicas surgidas de la Ilustración. En esta concepción la soberanía deja de residir en la persona concreta para trasladarse a entidades colectivas abstractas tales como la nación, el pueblo, la clase social o el propio Estado. El ciudadano deja de ser el origen inmediato del poder y pasa a formar parte de una voluntad colectiva cuya interpretación queda en manos de élites políticas, burocráticas o intelectuales. 

La tercera es la tradición soviética, incorporada a Cuba a partir de 1959. Aunque presentada como una ruptura revolucionaria con el pasado, la URSS, en realidad, conservó muchos rasgos históricos de la cultura política rusa. El Estado continuó ocupando el centro de la vida social; la autoridad siguió ejerciéndose de manera vertical; y el partido único asumió funciones semejantes a las que anteriormente habían desempeñado el zarismo o las estructuras imperiales rusas. Allí donde la ortodoxia religiosa había servido durante siglos como fundamento espiritual de la unidad política, el marxismo-leninismo pasó a ocupar una función semejante, erigiéndose en una doctrina considerada portadora de una verdad histórica absoluta desde la cual debía organizarse y dirigirse la totalidad de la sociedad. 

Desde esta óptica, uno de los grandes problemas históricos en Cuba consiste en que la independencia política respecto de España no produjo una verdadera independencia intelectual respecto de la cultura política europea. La República heredó instituciones, universidades, códigos jurídicos y élites formadas dentro de la tradición romanista continental. Aunque Estados Unidos ejerció una profunda influencia económica, tecnológica y administrativa, las categorías fundamentales mediante las cuales se comprendía el poder continuaron siendo predominantemente europeas. 

La consecuencia de ello fue que el ciudadano cubano rara vez fue educado para concebirse a sí mismo como soberano. Durante siglos aprendió a verse como parte de una entidad superior. Primero fue súbdito de la Corona española; después integrante del pueblo soberano; más tarde miembro de la nación; posteriormente componente de la masa revolucionaria. Cambiaron las denominaciones, peropermaneció inalterada la misma estructura antropológica: la subordinación delindividuo a un sujeto colectivo considerado superior a él. 

Esta cuestión posee una enorme importancia jurídica y política. Cuando se afirma que «la soberanía reside en el pueblo», el soberano deja de ser una persona identificable para convertirse en una abstracción. Pero las abstracciones no pueden actuar ni gobernar por sí mismas. En consecuencia, alguien termina hablando en su nombre. Surgen entonces partidos, caudillos, burocracias, vanguardias o grupos de poder que se atribuyen la representación exclusiva de ese supuesto sujeto colectivo. 

Ello explicaría por qué sistemas ideológicamente tan diferentes como el liberalismo oligárquico latinoamericano, el populismo, el fascismo, el comunismo y diversas formas de autoritarismo terminan compartiendo una característica esencial: todos proclaman actuar en nombre del pueblo mientras el ejercicio efectivo del poder permanece concentrado en minorías organizadas. 

A esta realidad se añade un problema cultural de larga duración. Durante más de dos siglos, la educación política de América Latina ha estado profundamente marcada por pensadores europeos como Rousseau, Hegel, Marx, Comte o Durkheim. Mientras tanto, la tradición constitucional angloamericana, basada en el Common Law, la limitación práctica del poder, la descentralización institucional y la soberanía efectiva del ciudadano, ha sido estudiada con menor profundidad o interpretada a través de categorías intelectuales procedentes del propio continente europeo. 

En este contexto adquiere una especial relevancia la obra de Ignacio Agramonte y José Martí. Ambos intentaron colocar al ser humano en el centro de la vida política. Agramonte defendió la primacía del individuo frente al poder; Martí proclamó que la primera ley de la República debía ser el culto a la dignidad plena del hombre. Sin embargo, la muerte prematura de ambos impidió que esas intuiciones alcanzaran un desarrollo doctrinal e institucional suficiente para desplazar el predominio de las concepciones estatistas heredadas de Europa. 

Por ello, el problema cubano no es simplemente jurídico, constitucional o gubernamental. Es, ante todo, un problema de conciencia histórica. Los cubanos han atravesado distintos regímenes políticos sin transformar completamente la concepción antropológica del poder que heredaron de siglos anteriores. La verdadera transición no consistiría únicamente en sustituir un gobierno por otro, ni siquiera en reemplazar una constitución por otra. Consistiría en una transformación mucho más profunda: sustituir la idea de que el poder pertenece a entidades colectivas abstractas por la convicción de que cada ciudadano constituye la primera y última fuente de legitimidad política. 

En última instancia, esa es la raíz del conflicto civilizatorio cubano. De un lado, persiste una tradición política centrada en el Estado, en los sujetos colectivos y en la concentración del poder. Del otro, emerge la posibilidad de una tradición centrada en la persona humana, en la ciudadanía y en la soberanía individual. La crisis cubana no sería entonces únicamente una crisis de gobierno. Sería la manifestación histórica de una disputa mucho más profunda entre dos concepciones opuestas de la libertad, de la autoridad y de la propia condición humana.

Faisel Iglesias. Abogado, profesor de derecho y sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Ha publicado los ensayos: El soberano es el ciudadano y Donde está mi papá. Y las novelas El olor de la tierra y El Bárbaro del ritmo. Fundador del movimiento de abogados disidentes de Cuba “Corriente Agramontista” y defensor de numerosos movimientos y opositores en la isla, fue detenido en varias ocasiones y finalmente expulsado del país. Actualmente vive y trabaja en Puerto Rico.