Washington mueve el tablero cubano mientras la oposición sigue discutiendo piezas
Salí de Cuba en febrero de 1994. Han pasado más de tres décadas desde entonces. A veces pienso que mi vida adulta ha transcurrido mirando el mismo horizonte inmóvil: la espera de una libertad que parece acercarse y alejarse al mismo tiempo, como esas costas que el mar devuelve y retira según la luz.
He visto morir a personas que lo dieron todo por Cuba. Las vi dentro de la Isla, consumidas por la vigilancia, la pobreza, la prisión, el miedo o el desgaste lento de la esperanza. Las vi también en el exilio: hombres y mujeres que organizaron periódicos, emisoras, editoriales, bibliotecas, protestas, proyectos políticos, campañas internacionales; personas que entregaron años, dinero, salud y familia a una causa que el mundo aprendió a mirar con cansancio o con indiferencia. Algunos murieron convencidos de que no regresarían jamás. Otros murieron creyendo que el cambio estaba cerca. Cuba se fue llenando de fantasmas silenciosos. Y, sin embargo, el tiempo pasó casi inútilmente.
Mientras Europa del Este era interpretada como víctima del totalitarismo soviético, la dictadura cubana logró instalar internacionalmente otra narrativa: la de una pequeña nación sitiada cuyo fracaso económico y político debía explicarse, sobre todo, por el embargo estadounidense. Poco a poco, la tiranía fue convertida en víctima. El aparato represivo desapareció detrás de la palabra “bloqueo”. Los presos políticos se volvieron un dato secundario. La destrucción institucional del país se normalizó. Incluso muchos extranjeros llegaron a creer que Cuba había intentado abrirse al capitalismo y que, simplemente, “no le había funcionado”.
No se trataba de una percepción marginal. Durante años, parte de la diplomacia y de la izquierda europea contribuyó también a consolidar la idea de que, aun siendo autoritario, el régimen cubano conservaba una legitimidad popular y antiimperialista. En 2021, el exembajador español en Cuba Carlos Alonso Zaldívar llegó a afirmar que Cuba era “una dictadura con amplio apoyo popular”. La frase resultaba reveladora no solo por lo que decía sobre Cuba, sino por lo que mostraba acerca de cierta mirada europea incapaz de desprenderse completamente del mito revolucionario cubano. Se podía reconocer la existencia de una dictadura, pero todavía se necesitaba imaginar en ella algún tipo de soberanía legítima, apoyo popular o resistencia histórica frente a Estados Unidos.
Y, sin embargo, la paradoja es profunda. Mientras durante décadas se invocaba la “no injerencia” para defender la soberanía cubana, el propio régimen iba vaciando esa soberanía desde dentro mediante su creciente dependencia política, económica, tecnológica y estratégica primero de la URSS, luego de Rusia, China e Irán. Y los cubanos lo sabemos. Sabemos también otra cosa.
Sabemos que en Cuba no existe capitalismo ciudadano. Existe un capitalismo militar de Estado administrado por GAESA y subordinado al Partido Comunista. Sabemos que el cubano no puede convertirse libremente en empresario, porque toda prosperidad depende de permisos precarios que deben ser aprobados por las estructuras monopólicas y de vigilancia política de GAESA. Sabemos que el Estado cubano ha sido desplazado progresivamente por un conglomerado militar que actúa como un Estado dentro del Estado. Y sabemos también que la pobreza no es un accidente histórico: es un mecanismo de control.
Por eso el reciente discurso de Marco Rubio por el 20 de mayo merece ser leído con atención. No porque Rubio sea un salvador. Los cubanos conocemos demasiado bien la larga espera de un gesto exterior, de una presión decisiva o de una administración norteamericana que finalmente haga posible lo que durante décadas no hemos podido alcanzar por nosotros mismos. Merece ser leído con suma atención porque Rubio intenta desplazar la narrativa internacional sobre Cuba. Rubio no habla únicamente para los cubanos. Habla, sobre todo, para los extranjeros que todavía interpretan la tragedia cubana desde el paradigma simplificador del embargo. Su argumento es otro: el problema de Cuba no es solo el conflicto con Estados Unidos, sino la captura del país por una estructura militar y partidista que monopoliza la economía, bloquea el emprendimiento y utiliza incluso la ayuda humanitaria no solo como instrumento de control político sino como suplicio: gran parte de las donaciones termina convertida en mercancía vendida en tiendas dolarizadas a una población cuyos salarios no se pagan en dólares. Es el círculo de la crueldad infinita.
Cuando Rubio insiste en que la ayuda humanitaria debe llegar al pueblo cubano sin GAESA como intermediario, está diciendo algo más profundo de lo que parece a primera vista: que el Estado cubano ya no funciona como mediador legítimo entre la nación y los recursos, sino como aparato extractivo. Y cuando señala que GAESA ha desplazado al propio Estado cubano y funciona, junto al Partido Comunista, como un Estado dentro del Estado, intenta desmontar una de las grandes coartadas internacionales del régimen: la idea de que Cuba representa un socialismo fallido asfixiado por Washington. Su tesis es otra: en Cuba no ha existido capitalismo ciudadano ni apertura económica real, sino un capitalismo militar cerrado, monopólico y políticamente vigilado.
Los cubanos lo sabemos. Sabemos que el supuesto “emprendimiento” en Cuba vive subordinado a permisos revocables, importaciones controladas, miedo político y competencia desigual frente al monopolio militar. El cubano no puede convertirse plenamente en empresario porque el sistema necesita administrarlo como dependiente. Por eso Rubio habla también para europeos, académicos, empresarios y observadores internacionales que todavía interpretan la crisis cubana como el fracaso de una tímida apertura de mercado frustrada por el embargo.
Y, sin embargo, lo más revelador es que hasta los aliados históricos o socios estratégicos del régimen parecen haber comprendido hace tiempo la inviabilidad del modelo cubano actual. Rusia ha intentado impulsar fórmulas de reestructuración económica cercanas a una perestroika administrada desde arriba; Vietnam ha insistido durante años en reformas económicas más profundas; y desde espacios vinculados a China también han aparecido críticas implícitas al bloqueo interno que el propio sistema ejerce sobre la iniciativa ciudadana y el emprendimiento. Es decir, aun actores que rechazan el embargo estadounidense parecen reconocer que el problema cubano ya no puede explicarse únicamente desde Washington.
Sin embargo, alrededor del discurso de Marco Rubio ocurre algo todavía más inquietante. La visita del director de la CIA a La Habana, la acusación formal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo en aguas internacionales de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, y las referencias recientes a drones y seguridad hemisférica sugieren que Washington podría estar moviendo piezas mucho más profundas que una simple condena moral al régimen. La acusación mira hacia 1996, pero su uso político pertenece al presente: coloca al antiguo jefe militar del castrismo dentro de una narrativa de crimen de Estado, responsabilidad histórica y amenaza continuada. Tal vez la prioridad ya no sea únicamente la democratización de Cuba, sino la neutralización de Cuba como enclave estratégico de Rusia, China e Irán a noventa millas de Florida.
Y ahí aparece una sensación extraña, casi fantasmal: después de décadas de inmovilidad, parece haberse abierto una puerta misteriosa. No sabemos todavía qué hay detrás de esa puerta. Puede conducir a una negociación real. Puede conducir a una transición administrada desde arriba. Puede conducir a una nueva administración del conflicto cubano bajo criterios de seguridad nacional estadounidense y estabilidad hemisférica. O puede cerrarse otra vez, como tantas veces ya ha ocurrido.
Mientras me detengo ante este nuevo tablero, también veo con preocupación nuestras propias insuficiencias. No hablo aquí desde el desprecio ni desde la superioridad —no solo porque no va con mi modo de ser, sino porque demasiadas personas han sacrificado demasiado por Cuba como para concedernos el lujo de la arrogancia. Hablo desde la sensación amarga de que seguimos llegando fragmentados a un momento histórico que podría exigir una comprensión mucho más integrada del poder, la soberanía y la transición.
El Foro de Diario de Cuba, anunciado para los primeros días de junio 2026, por ejemplo, reúne especialistas, propone ponencias de diagnósticos y discusiones necesarias sobre economía, energía, fuerzas armadas y reconstrucción institucional. Y, aun así, deja una impresión inquietante: la de un país discutido como seminario técnico mientras el tablero real parece moverse en clave de inteligencia, seguridad hemisférica, negociación militar y fractura geopolítica. No es que esos debates carezcan de valor; al contrario, son indispensables; pero da la impresión de que todavía pensamos la transición cubana desde categorías propias de los años noventa, como si el tiempo histórico se hubiera detenido junto al muro de Berlín.
Algo semejante ocurre con el acuerdo firmado por decenas de organizaciones del exilio. El documento posee claridad moral y voluntad de ruptura. Habla de liberación, estabilización, reconstrucción y democratización. Pero la pregunta decisiva sigue abierta: ¿cómo se traduce esa legitimidad moral del exilio en legitimidad política verificable dentro de Cuba? ¿Quién recibe el poder? ¿Bajo qué mandato ciudadano? ¿Con qué mecanismos de control y representación? La historia latinoamericana está llena de oposiciones heroicas que, llegado el momento decisivo, descubrieron que no bastaba con tener razón.
Las asambleas ciudadanas impulsadas por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba también merecen atención y respeto. Intentan reconstruir tejido cívico en una sociedad devastada por décadas de miedo y atomización. Preparan ciudadanía. Enseñan deliberación. Rompen silencios. Pero una vez más aparece el mismo límite: preparar ciudadanía no equivale necesariamente a preparar soberanía constituyente. Una transición puede escuchar a los ciudadanos y, aun así, terminar organizada desde aparatos de poder que nadie eligió realmente.
Y mientras todo esto ocurre, seguimos prestando poca atención a algo fundamental: el debate sobre las estructuras futuras del Estado cubano. Ahí están las reflexiones jurídicas de Julio Antonio Fernández Estrada o Eloy Viera. Siguen destacando las propuestas de Roberto Veiga y Faisel Iglesias relacionadas con nuevas arquitecturas legales y límites al poder. E igualmente, están ahí las preocupaciones de Dagoberto Valdés sobre la reconstrucción ética e institucional de la nación. No hay duda de que hay múltiples intentos dispersos de pensar una nueva legalidad para Cuba. Sin embargo, estas discusiones suelen permanecer confinadas a círculos intelectuales pequeños, como si todavía no comprendiéramos que el vacío institucional puede ser tan peligroso como la propia dictadura.
Washington parece haber comenzado a mover el tablero cubano mientras la oposición sigue discutiendo piezas. La amnistía de los presos políticos sigue siendo indispensable. La denuncia internacional continúa siendo necesaria. Los debates técnicos sobre economía y reconstrucción institucional poseen enorme valor. Las asambleas ciudadanas ayudan a reconstruir ciudadanía. Los acuerdos del exilio intentan sostener una legitimidad histórica y moral. Pero ninguna de estas piezas, por sí sola, parece suficiente para responder la pregunta decisiva: quién posee la legitimidad para reorganizar el Estado cubano cuando el régimen colapse, negocie o mutile parcialmente su propio sistema para sobrevivir.
Tal vez nuestra mayor debilidad no sea la falta de valor, ni siquiera la falta de ideas para una Cuba futura. Tal vez sea otra cosa: la incapacidad histórica de integrar esas ideas en una visión común de soberanía ciudadana y reorganización nacional o, dicho de otra manera, nuestra tendencia a desplazar ideas jurídicas por la urgencia, la propaganda, el emocionalismo político o la lógica del acontecimiento inmediato.
Nuestro problema cubano ya no parece ser únicamente cómo derribar una dictadura. La pregunta empieza a ser cómo evitar que, en el momento de la transición, Cuba vuelva a quedar atrapada entre poderes militares, intereses extranjeros, élites recicladas y oposiciones moralmente correctas, pero políticamente desarticuladas; cómo convertir en horizonte común un marco jurídico antes de que la historia vuelva a decidir por nosotros.
Y esa pregunta ya no pertenece al futuro. Pertenece al presente.
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