I
Todavía recuerdo a viejos anticastristas —algunos en Cuba, otros ya en el exilio— hablando con una mezcla extraña de crítica y resignación sobre Fidel Castro. Les dolían la censura, la represión, el control creciente del Estado y la destrucción de libertades que habían conocido durante la República. Y, sin embargo, muchos seguían viendo en Fidel Castro una figura histórica necesaria, casi inevitable: el hombre que había venido a restaurar la dignidad nacional frente a Estados Unidos.
La paradoja es profunda. Hacia 1959 muy pocos cubanos dominaban realmente la historia jurídica de la Enmienda Platt, establecida por Estados Unidos dentro de una lógica de control estratégico del Caribe y protección de su frontera sur. Todos sabían cuándo la Enmienda Platt había comenzado, pero una gran parte de la población desconocía que había sido abolida oficialmente mediante el Tratado de Relaciones Cubano-Estadounidense de 1934 bajo la firma del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
La emoción cubana, sin embargo, estaría marcada por varias décadas más por la Revolución de 1933 y el enfrentamiento de figuras como Antonio Guiteras Holmes a la presencia de barcos de guerra norteamericanos en las costas de Cuba con los que Estados Unidos intentaba presionar la administración reformista de Ramón Grau San Martín y Guiteras. El gesto confrontacional de Guiteras tuvo mayor efecto en la conciencia cubana que la abolición plattista. El golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952, apoyado por Washington, profundizó todavía más la percepción cubana de que la subordinación a Washington seguía operando aun cuando el instrumento jurídico había sido derogado.
En realidad, el golpe de Batista ocurrió en una América Latina atravesada por el intervencionismo estadounidense, la Guerra Fría temprana y el respaldo a gobiernos fuertes o militares considerados útiles para la estabilidad hemisférica y la lucha contra el comunismo. Sin duda, la herida cubana era real, pero no era única y el país no supo verse dentro del cuadro continental. Cuba se miró únicamente en su propia foto de pasaporte, que unos años después el castrismo lograría convertir en excepcionalidad absoluta.
La soberanía formal había avanzado, pero la percepción emocional de subordinación permanecía, y Fidel Castro había entendido eso mejor que nadie. Comprendió el poder simbólico de la humillación histórica, el resentimiento antiintervencionista y la necesidad psicológica de autoafirmación de un país. El régimen castrista logró entonces algo decisivo: convertir una percepción emocional en fundamento absoluto de legitimidad política. Con tal propósito, el régimen instaló una ecuación política, doctrinaria y duradera: revolución, socialismo, marxismo, patria, Estado y soberanía pasaron a funcionar como conceptos distintos sometidos a un mismo significante.
II
Sin embargo, la Cuba anterior a 1959 —con y sin Enmienda Platt— poseía una soberanía jurídica creciente con una constitución republicana, una ciudadanía nacional, un sistema de pluralismo político con su debida alternancia, una libertad de prensa imperfecta y ocasionalmente interrumpida, sobre todo durante el batistato, asociaciones civiles, instituciones, universidades autónomas, vida parlamentaria, elecciones periódicas, sindicatos, movilidad social vertical y niveles de prosperidad regional altos. Todo ello coexistía con interrupciones, fraude y violencia política, pero había una esfera pública y política real.
Como un Estado moderno, Cuba compartía su soberanía con organismos supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Organización Internacional del Trabajo. Después de la derogación de la Enmienda Platt, comenzó a compartir —y aún comparte— el territorio de la Base Naval de Guantánamo con Estados Unidos, un enclave de alto interés geopolítico por su ubicación en el Caribe, ideal no solo para rutas comerciales, sino para fiscalizar el paso hacia el Canal de Panamá y establecer una plataforma natural para su flota militar.
Las bases militares norteamericanas que protegieron a Europa occidental durante la Guerra Fría no han sido vistas por ningún europeo como una prueba automática de colonización. Incluso hoy, bajo el paraguas de la OTAN, gran parte de Europa mantiene una estrecha dependencia estratégica respecto a Estados Unidos sin dejar de considerarse plenamente soberana. De hecho, las recientes declaraciones del presidente Donald Trump de abandonar la OTAN han sido recibidas con desconcierto y la Unión Europea, con tal de que Estados Unidos permanezca, ha aceptado un nuevo plan de inversión que establece destinar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la defensa para el año 2035.
Canadá constituye otro ejemplo revelador. En 1931, el Reino Unido otorgó a Canadá independencia legislativa total, anulando la capacidad de Londres para legislar en asuntos canadienses, pero no fue hasta 1982 que se completó la independencia del país. Durante estos años, Canadá no solo mantuvo vínculos institucionales permanentes con la Corona británica, sino que desarrollaba una enorme interdependencia económica con Estados Unidos. Hoy la moneda canadiense lleva el rostro de la reina Isabel II mientras se realiza el diseño para sustituirla por el rey Carlos III. Aun así, nadie serio sostuvo jamás que Canadá careciera de soberanía nacional. Y nadie serio deduce una soberanía económica disminuida porque el dólar canadiense haya llevado –y siga llevando– los rostros de los monarcas británicos. Similarmente ocurre con Jamaica y otros países del Caribe integrados a la Mancomunidad Británica. Su soberanía nunca fue medida por el grado de distancia simbólica respecto a las grandes potencias, sino por la existencia de instituciones nacionales reconocidas, capacidad de autogobierno y legitimidad ciudadana.
Algo semejante ocurre en otros ámbitos de la economía internacional contemporánea. Durante años, una parte considerable de las reservas de oro del Banco de México permaneció custodiada en Londres y parcialmente en la Reserva Federal estadounidense sin que ello condujera a una discusión permanente sobre pérdida de soberanía nacional. En el mundo contemporáneo, la soberanía rara vez funciona como aislamiento absoluto; opera, más bien, a través de redes de interdependencia, seguridad compartida y legitimidad institucional.
Costa Rica ofrece quizás el caso más interesante. Abolió su ejército en 1949 bajo la protección estratégica de Estados Unidos, pero nadie convirtió esa realidad en prueba absoluta de ausencia de soberanía. Tampoco este hecho condujo a acusaciones permanentes de dependencia o subordinación. Por el contrario, el país fue celebrado internacionalmente como modelo democrático, cuya carencia de aparato militar lo convertía en un verdadero defensor de la paz.
III
A Cuba, sin embargo, se le ha exigido una pureza soberana casi metafísica. Y esa exigencia terminó produciendo una de las grandes paradojas políticas de la historia latinoamericana contemporánea: se destruyó una soberanía imperfecta en nombre de una soberanía absoluta que terminó subordinando el país primero a la Unión Soviética y luego, progresivamente, a nuevas dependencias estratégicas respecto a Rusia, China e Irán.
La revolución logró algo extraordinario desde el punto de vista propagandístico: desplazar la definición misma de soberanía. A partir de entonces, la soberanía dejó de medirse por la capacidad de los ciudadanos para controlar el Estado, elegir libremente a sus gobernantes, construir instituciones autónomas o ejercer derechos políticos. Comenzó a medirse, sobre todo, por la distancia simbólica respecto a Estados Unidos.
El gran triunfo ideológico del castrismo consistió precisamente en separar soberanía nacional y soberanía ciudadana, como si una pudiera existir sin la otra. La nación comenzó a representarse como soberana incluso cuando el ciudadano perdía progresivamente toda capacidad de intervenir en el destino político del país. El Estado hablaba en nombre de la patria mientras la patria dejaba de pertenecer políticamente a sus ciudadanos.
Y esa redefinición cambió profundamente la cultura política cubana. Sin embargo, la dictadura cubana, autonombrada revolución, consiguió algo todavía más profundo: convertir la soberanía en una emoción antes que en una estructura institucional. El ciudadano podía perder derechos, elecciones, libertad de prensa o capacidad de controlar el Estado, pero mientras el régimen mantuviera una narrativa de confrontación con Estados Unidos, muchos siguieron sintiendo que Cuba permanecía soberana.
Resulta curioso observar el debate contemporáneo sobre Cuba en buena parte de Europa y América Latina. Gobiernos e intelectuales que consideran legítima la ayuda internacional a pueblos sometidos por dictaduras militares, invasiones extranjeras o amenazas fascistas suelen rechazar, en el caso cubano, no solo cualquier posibilidad de intervención armada, sino incluso la presión destinada a modificar un sistema político y económico que mantiene a la población desarmada, empobrecida y sin soberanía efectiva sobre el Estado.
La paradoja histórica es evidente. Europa pidió ayuda a Estados Unidos y a la Unión Soviética para derrotar al fascismo sin considerar que ello anulara su dignidad nacional. La propia supervivencia de Europa occidental durante la Guerra Fría dependió, en gran medida, de la protección estratégica norteamericana. Y, sin embargo, cuando se habla de Cuba, la comunidad internacional parece exigir que un pueblo sin armas, sin libertades políticas y sin capacidad institucional para reorganizar el poder produzca por sí solo una transición perfectamente autónoma, como si el totalitarismo pudiera desmontarse únicamente mediante agotamiento moral interno.
Tal vez el problema no sea únicamente político, sino ético. Al parecer el mundo nunca terminó de reconocer plenamente la legitimidad moral de quienes resistieron el comunismo como sí reconoció la de quienes resistieron el fascismo.
Ahí se encuentra una de las mayores tragedias políticas de la historia cubana contemporánea. La dictadura castrista no reemplazó una colonia por una nación soberana; reemplazó una soberanía imperfecta por una soberanía simbólica administrada por un aparato totalitario. Mientras la revolución prometía rescatar la soberanía nacional, fue desmontando progresivamente la soberanía ciudadana. Y una nación donde los ciudadanos no pueden decidir sobre el poder, reorganizar el Estado, elegir libremente a sus gobernantes o controlar las instituciones termina dependiendo por completo de quienes administran el aparato político en nombre de la patria.
¿Puede llamarse soberana una nación cuyos ciudadanos no poseen soberanía sobre su propio Estado?
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